Diplomáticos de la Delegación en Colombia de la Unión Europea se reunieron con el Secretariado de Pastoral Social Neiva y con organizaciones sociales apoyadas por el programa FortaleSCiendo.
Centro Diocesano de Comunicación y Prensa
Pastoral Social Neiva
Delegados de las siete organizaciones sociales de los municipios de Rivera, Algeciras y Campoalegre (Huila) y colaboradores del Secretariado Diocesano de Pastoral Social Neiva se reunieron con cuatro diplomáticos de alto nivel que hacen parte de la Delegación de la Unión Europea en Colombia. En el espacio se conoció de algunas de las más preocupantes cifras sobre situación de derechos humanos en el Huila y el panorama de la implementación del Acuerdo de Paz en la región. [A continuación, la nota audiovisual de la visita diplomática a Pastoral Social Neiva:]
La delegación estaba integrada por Jana Zikmundova, embajadora del Reino de Bélgica en Colombia; Antonio García Roger, concejero de la delegación de la Unión Europea en Colombia; Lourdes Sangróniz, consejera de en asuntos sociales de la Embajada de España; y Olivier Huot, primer consejero de la Embajada de Francia; quienes se mostraron interesados en las acciones de cada una de las organizaciones que asiste la organización caritativa de la Diócesis de Neiva a través del Programa FortaleSCIendo.
Antonio García Roger, diplomático de la República de España, explicó que el principal objetivo de la visita es el intercambio de ideas con el Huila como socio comercial. “Hemos identificado al Huila como un departamento que tiene potencial de crecimiento como socio comercial. Ya Europa es el segundo socio comercial del Huila, y creemos que eso se puede desarrollar más. Además, pensamos que aquí hay una serie de iniciativas que se pueden beneficiar con Europa o los estados europeos”, explicó.
Pero la visita tiene una segunda intensión. Para García, el panorama de derechos humanos y violencia que se vive en zonas periféricas en Colombia, como el Huila, es un aspecto que preocupa a la comunidad internacional. “Para nosotros, ha sido una reunión muy ilustrativa de la problemática de las víctimas en el departamento, una problemática que quizás también en unos aspectos los habíamos ya identificado en otras partes del país”, resaltó Antonio.
Dijo estar anonadado por los relatos de algunos asistentes al espacio, personas que en estos municipios han sobrevivido a la guerra y han sabido llevar la vida con vehemencia. “Yo creo que lo que hemos aprendido hoy es que las heridas son profundas. Aquí hay más de 190.000 víctimas. Otra cosa que podemos comprobar hoy es que están yo creo que acompañadas por un liderazgo y por unas organizaciones que se están preocupando por ellas. Pero claro, la envergadura de la terea que viene y la que ya están ejerciendo es tremenda. Entonces, en todo en lo que podamos acompañar modestamente, pues así lo haremos”, puntualizó el diplomático.
El Acuerdo de Paz en el Huila
Organizaciones encargadas en el Huila de monitorear la situación de derechos humanos y violencias manifestaron en el espacio que la implementación del Acuerdo de Paz está muy lenta, lo que genera temor entre la población rural y que algunos excombatientes de las Farc regresen a la guerra como disidentes. Por otro lado, la lentitud para iniciar con la Justicia Especial para la Paz ha provocado que se ralentice los juzgamientos a guerrilleros, agentes del Estado y particulares por su vinculación al conflicto armado en Colombia.
En ese orden de ideas, Oscar Prieto, integrante del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, Obsurdh, manifestó su preocupación que, de los 153 casos de falsos positivos registrados y documentados en el Huila, solo hayan fallado en seis procesos y que solo 13 miembros de la fuerza pública estén en las cárceles. “Nosotros identificamos tres grandes retos frente al tema de la implementación de los Acuerdos en el Huila. El primero es cómo el Huila quedó por fuera de todos los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y de las Circunscripciones Especiales de Paz, y por tanto, de las focalizaciones de las inversiones que se darían en el marco de la implementación”, explicó.
En el marco de esta implementación, el municipio de Algeciras es el único del Huila que está priorizado, tanto en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial y de las Circunscripciones Especiales de Paz. En ese orden de ideas, el segundo gran reto son las garantían de no repetición. “Frente a eso, consideramos que el Estado no tiene ningún plan para garantizar seguridad y acceso a la justicia a todos aquellos territorios que hasta hace un tiempo estaban controlados por las Farc”, recalcó Prieto.
Finalmente, el otro reto será la manera como se garantizará el acceso a la justicia por parte de las diferentes víctimas que reportan las autoridades locales en la ciudad de Neiva y el departamento del Huila, lo cual aparece en el punto cuatro del Acuerdo. “El Huila tiene cerca de 190.000 víctimas, de las cuales 87.000 se encuentran en la ciudad de Neiva, y en este momento no tenemos claro cómo se va a garantizar el acompañamiento jurídico, psicosocial, el acceso técnico en los procesos de recolección de pruebas y cómo se va a brindar verdad y justicia a los casos de esas 87.000 víctimas”, puntualizó.
Para Oscar Javier Castillo Alarcón, presidente de la Fundación Molécula Verde del municipio de Rivera, y una de las siete organizaciones apoyadas por el Programa FortaleSCiendo de Pastoral Social Neiva, es la oportunidad para que otros países conozcan el trabajo social liderado por la sociedad civil en medio de lo que ha sido la guerra en el sur colombiano. Se espera que este tipo de iniciativas ayuden a construir alianzas para hacer de nuestras comunidades organizativas instrumentos estratégicos para la paz regional, y que se defienda la vida de todos los colombianos.
