El Secretariado de Pastoral Social de Neiva trajo a colación el tema de la explotación minera, las hidroeléctricas y otras metodologías extractivistas a la 31 Semana por la Paz 2018. ¿Qué repercusión tiene la explotación de los recursos naturales a la Casa Común?
Datos inquietantes se conocieron sobre los impactos de la política extractivista en el departamento del Huila, en el conversatorio ‘Una mirada ambiental al sector minero energético ¿Qué le está pasando a nuestra casa común?’, que se desarrolló ayer jueves, 6 de septiembre, en el recinto de la Asamblea Departamental, en el marco de la 31 Semana por la Paz.
Al espacio participaron los movimientos sociales y la academia, quienes explicaron los impactos que traerá el extractivismo al departamento: Bladimir Sánchez Espitia, documentalista y defensor de Derechos Humanos; Miller Dussán Calderón, docente universitario y activista social del Movimiento Defensores del Territorio; y Robinson Sánchez, representante de la organización social Asonaret.
También llegaron personas del sector público, quienes analizaron la extracción de petróleo mediante el fracturamiento hidráulico (conocido como fracking), la construcción de hidroeléctricas, la minería a gran escala y otras metodologías extractivistas. En este sector estuvieron: Leyla Marleny Rincón Trujillo, concejal de Neiva por el Polo Democrático, licenciada en Química y Biología de la Universidad Libre de Colombia e integrante de la Fundación El Curíbano; Isauro Trujillo Vásquez, geólogo y delegado por la Secretaría de Agricultura y Minería del departamento del Huila; y Eulicer Valencia Gonzales, abogado especialista y asesor jurídico del municipio de Oporapa.
Las cifras del fracking y las hidroeléctricas en el Huila
En el conversatorio, se dieron algunos datos sobre la realidad de la extracción petrolera, mediante la modalidad de fracturamiento hidráulico. Según Edwin Castaño Monsalve, integrante de la Unión Sindical Obrera – USO, hay un contrato firmado entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la estatal Ecopetrol y la Epson Móvil, para hacer exploración de casi 83 mil hectáreas aquí en el departamento del Huila, lo que preocupa a los movimientos sociales y comunidades en general, por los impactos que trae esta metodología.
“Es un desarrollo de fracking, donde obviamente debemos de dar las discusiones en las regiones que van a ser impactadas, que son alrededor de 12 municipios que van a tener este impactos a través de esa técnica. Hoy existen unas controversias, hay una violación fragante al artículo 78, 79 y 80 de la Constitución Política de Colombia y que, bajo el principio de precaución que es constitucional, se debe de dar una prohibición a esa técnica extractiva en el Huila, debido a lo revelado en los estudios que se han hecho alrededor del tema”, explicó.
Entre tanto, el profesor e investigador universitario, Miller Dussán Calderón, alertó de los impactos de las nuevas disposiciones el Gobierno Nacional para construir más represas a lo largo del río Magdalena en el Huila. “En el Huila ya están para concesión siete represas más. En el sur está la de Guarapas, está la de Chiyurco, la de Oporapa, la de Pericongo, y tres más en el norte. Pero además hay 12 áreas que han sido presentadas para su viabilidad en el Huila para fracking y 25 municipios para minería a gran escala; es decir, la afectación aquí sería muy grave”, explicó el docente.
Pastoral Social y el mensaje de Francisco
La profesora Leyla Marleny Rincón, concejala de la ciudad de Neiva, saludó los esfuerzos del Secretariado Diocesano de Pastoral Social de Neiva por abrir un espacio de debate sobre los impactos de la política extractivista en la región. “Es un mensaje para que Pastoral Social recoja definitivamente el mensaje del Papa Francisco quien nos está diciendo que el Planeta es una Casa Común, el aire es de todos, el agua es de todos y que definitivamente es asunto de todos ejercer nuestra ciudadanía”, resaltó.
La cabildante subrayó que es preocupante que se le impida, según ella, la participación a las comunidades de decidir sobre su territorio, refiriéndose a los acuerdos municipales 036, 016 y 010, de los concejos de Pitalito, San Agustín y Altamira, respectivamente, los cuales fueron demandados por la Agencia Nacional de Minería y el Ministerio de Minas. Las normativas locales buscan blindar el territorio de la extracción minera y petrolera.
“En el departamento del Huila, en este momento, se está negando la participación ciudadana. No se le permitió que se hicieran esas consultas populares que ya las comunidades estaban organizando, y desde luego los acuerdos municipales que han sido demandados por la misma institucionalidad”, subrayó.
